Lamentablemente, los usuarios de perro guía se siguen encontrando con problemas para ejercitar su derecho de acceso al entorno. Todavía hay personas que desconocen que este derecho está garantizado por ley o que, conociéndolo, están dispuestas a impedir su libre ejercicio por prejuicios contra los perros o porque consideran que su establecimiento, vehículo o negocio es su feudo y en él pueden decidir qué leyes se aplican y cuáles no. Los educadores de cachorros, en aquellas Comunidades en las que se les reconoce derecho de acceso, encuentran incluso más problemas que los usuarios, debido  a un mayor desconocimiento sobre su derecho y a que se trata de personas sin discapacidad visual.

En muchas ocasiones las objeciones o reticencias iniciales de un propietario o encargado se solucionan mostrando la ley que reconoce el derecho de acceso, ya que se trata de un problema de desconocimiento de la norma. Por ello, desde la Fundación aconsejamos a nuestros usuarios y educadores de cachorros que lleven consigo una copia de la ley de la Comunidad Autónoma, con el fin de poder enseñarla en caso de encontrarse con problemas de acceso. Es conveniente también, si el conflicto se produce en establecimientos abiertos al público, intentar resolverlo tratando directamente con el responsable o encargado del local cuando quien plantea el problema de acceso es un empleado o vigilante.

Si se mantiene la negativa injustificada a permitir el acceso con el perro guía, se recomienda solicitar una hoja de reclamaciones, si se trata de establecimientos, transportes o servicios que están obligados a facilitarla a sus clientes o usuarios. En caso de que no se la faciliten o le resulte imposible su cumplimentación, se recomienda al usuario o educador requerir la asistencia de la Policía local. En muchas ocasiones los agentes convencerán al propietario o encargado de que debe permitir el acceso. En caso de que persista en su negativa, el informe policial que deje constancia del incidente servirá de prueba cualificada para el expediente sancionador que el usuario puede iniciar para que se castigue la infracción.

Las conductas que vulneran el derecho de acceso al entorno constituyen infracciones administrativas sancionadas con multas por la correspondiente ley autonómica. Para conseguir que se imponga esa multa al responsable de la infracción el usuario de perro guía debe iniciar un expediente sancionador ante la Administración competente (Comunidad Autónoma o municipio, según establezca la ley aplicable). Es conveniente seguir el trámite adecuado, ya que, en otro caso, la reclamación puede resultar infructuosa o dar lugar a un proceso judicial innecesario.